Arraigo Sociolaboral 2026: requisitos, contrato y documentación

Este es el texto que decide su expediente:

«la aportación de uno o varios contratos de trabajo que garantice al menos el salario mínimo interprofesional o el salario establecido, en su caso, en el convenio colectivo aplicable, en el momento de la solicitud, en proporción a la jornada trabajada, y cuya suma represente una jornada semanal no inferior a veinte horas en cómputo global.»

Desmenuzado, son tres condiciones:

1. Veinte horas semanales, en cómputo global. No hace falta una jornada completa. Y la expresión «cómputo global» es la clave: se pueden sumar contratos.

2. Salario de SMI o de convenio. En proporción a la jornada. Si el convenio de su sector fija un salario superior al SMI, el que manda es el del convenio. Este es un fallo silencioso muy frecuente: contratos que respetan el SMI pero incumplen el convenio, y se deniegan.

3. Duración. Según la Instrucción SEM 1/2025, se admite cualquier modalidad contractual, pero si el contrato es de duración determinada, el contrato —o la suma de ellos— debe superar los 90 días.

Además del contrato, hay que cumplir los requisitos comunes a todos los arraigos:

• Encontrarse en España en el momento de la solicitud.
• Permanencia continuada de dos años en territorio nacional inmediatamente anteriores a la solicitud. Según la Instrucción SEM 1/2025, las ausencias no pueden superar los 90 días naturales en ese bienio.
• Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido en los cinco años anteriores a su entrada en España, por delitos previstos en el ordenamiento español.
• No ser titular de una autorización de estancia o residencia, ni tener un expediente en trámite de concesión, prórroga, renovación o modificación de una autorización. (Letra h), añadida por el RD 316/2026, en vigor desde el 16 de abril de 2026.)

⚠️ Esa letra h) es nueva y muchas guías todavía no la recogen. Implica que no se puede pedir el arraigo en paralelo a otro trámite de residencia abierto. Si tiene una solicitud viva, hay que ordenar los tiempos antes de presentar nada.

Los dos años de permanencia son, junto al contrato, el otro campo de batalla. Se acreditan con empadronamiento histórico, tarjeta sanitaria, informes médicos, matrículas, transferencias, contratos de alquiler o suministros: cualquier rastro documental fechado. La permanencia no se declara, se prueba.

El modelo oficial es el EX-10, cumplimentado y firmado. Según la hoja informativa oficial del Ministerio de Inclusión:

Del trabajador:

1. Copia completa del pasaporte en vigor (o título de viaje o cédula de inscripción).
2. Acreditación de la permanencia continuada de dos años.
3. Certificado de antecedentes penales del país o países de residencia en los cinco años previos, traducido por traductor jurado y legalizado o apostillado.
4. Contrato o contratos de trabajo firmados.
5. Capacitación o cualificación profesional, si la profesión está regulada.

Del empleador:

1. Copia del NIF y, si es persona jurídica, escrituras y estatutos.
2. Acreditación de solvencia: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades o Vida Laboral de la empresa.

Y la tasa: justificante del pago.

Los antecedentes penales tienen dos excepciones que pueden ahorrarle meses. No hace falta aportar el certificado de un tercer país si ha permanecido de forma continuada en España los últimos cinco años, o si ya lo acreditó en una solicitud anterior dentro de ese periodo sin haberse ausentado desde entonces. Mucha gente pide certificados y apostillas que no necesita.

La autorización dura un año. La prórroga se pide en los dos meses previos a su expiración (y se admite hasta tres meses después del vencimiento, sin perjuicio del expediente sancionador).

El artículo 132.2.a), en su redacción vigente tras el RD 316/2026, la condiciona a:

«la acreditación de encontrarse en situación de búsqueda activa de empleo y debidamente inscrito en el servicio público de empleo. No obstante, se podrá prorrogar sin necesidad de acreditar los anteriores requisitos si concurren circunstancias que impidan el acceso al empleo por razones debidamente justificadas, tales como, enfermedad o discapacidad o haber alcanzado la edad legal de jubilación.»

Dos noticias buenas aquí, y las dos son novedad de 2026:

1. Ya no hay que volver a cumplir los requisitos de concesión. La redacción original exigía «el cumplimiento de sus requisitos» — es decir, volver a acreditar el contrato. Eso desapareció.
2. Se añade una dispensa para quien no puede acceder al empleo por enfermedad, discapacidad o edad de jubilación.

Aviso: las hojas informativas oficiales del Ministerio, actualizadas en abril de 2026, siguen reproduciendo el texto derogado que exigía «el cumplimiento de sus requisitos». Prevalece el BOE. Es un ejemplo de por qué conviene contrastar la fuente y no fiarse de la primera guía que aparece.

Antes de pelear por un contrato, conviene descartar las otras cuatro modalidades. A veces hay una puerta más ancha:

Y si tiene contrato de trabajo, el sociolaboral es su vía. Es la más directa, y la única que le deja trabajar desde ya.