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DENEGACION DE RESIDENCIA POR ANTECEDENTES PENALES

Uno de los motivos más frecuentes de denegaciones de residencias, bien sea, inicial, renovación, tarjeta inicial de larga duración o la de familiar de comunitario, es que el extranjero tenga antecedentes penales.

 

La Administración también está denegado la residencia con el extranjero se encuentra en curos de un procedimiento penal o tiene antecedentes policiales. De ahí que recomendemos que se cuente con un abogado experto en extranjería y derecho penal.



LOS ANTECEDENTES PENALES existen desde el mismo momento en que recae sentencia firme contra el imputado por la comisión de un delito.

 

La pena puede ser ingreso en prisión, suspensión de la pena privativa de libertad, multa, etc.. El hecho de que no se entre en prisión no quiere decir que no exista antecedente penal.



¿CUANDO SE CUMPLE LA PENA? En los casos de entrada en prisión cuando se cumple al completo la impuesta en sentencia. En los casos de multa cuando es abonada esta y en los casos de condena privativa de libertad que se suspende con la condición de no delinquir en dos años o los que imponga el juez en el auto de suspensión de la pena cuando trascurra dicho plazoOJO!, con este último caso ya que el hecho de pedir la suspensión puede dar lugar a no poder cancelar el antecedente penal hasta pasados cuatro años.


CANCELACION DEL ANTECEDENTE PENAL,
 consiste en el borrado en el Registro de Penados de esos antecedentes, pudiéndolo hacer el Juzgado que impuso la condena o el particular afectado, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos por el Código Penal.

Los REQUISITOS para cancelar los antecedentes penales son

-Cumplimiento de la pena (hasta que no esté totalmente cumplida no comenzaran a correr los plazos).


- el transcurso del plazo establecido, y que varía según la pena impuesta, PLAZOS:



seis meses para las penas consideradas leves por el código penal y que son:


- La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.


- La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.


- La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.


- La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.


- La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.


- La multa de 10 días a dos meses.


- La localización permanente.


- Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días.



Dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes.

 

Tres años, para el resto de delitos menos graves:


-La prisión de tres meses hasta cinco años.
-Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
-La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
-La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.

-La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

-La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

-La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

-La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

-La multa de más de dos meses.

La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía.

-Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días

5 años para proceder a la cancelación de las penas graves. 

-La prisión superior a cinco años.

-La inhabilitación absoluta.

-Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.

-La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.

-La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.

-La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.

-La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.

-La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

-La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco.



JURISPRUDENCIA QUE CONCEDE LA RESIDENCIA AUN EXISTIENDO ANTECEDENTES PENALES:

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 16 de enero de 2009: “La Sala ha tenido la ocasión de pronunciarse en numerosos supuestos similares para resolver sobre solicitudes idénticas, habiendo tenido que acudir al examen del caso concreto para dilucidar si en ese concreto supuesto procedía o no conceder o renovar la autorización solicitada; es decir que el criterio adoptado por la Sala, una vez se hace aplicación de la normativa de extranjería, más que responder a criterios generales responde a la casuística -por cierto muy amplia- que se presenta en este ámbito de enjuiciamiento”.

“La Sala en sentencia de fecha 16.3.2007 dictada en el rollo de apelación núm. 17/2007 accede a la concesión de la autorización de residencia permanente al considerar que una condena penal en firme a una pena de prisión inferior al año junto con el resto de circunstancias concurrentes en el solicitante no constituía en ese caso causa bastante para denegar tal autorización; y para ello ofrecía la siguiente fundamentación Jurídica:

…pese a ser cierto el citado antecedente penal, por los hechos, las penas y las consecuencias ya descritas, y por todos admitidas, también son ciertas y concurren las siguientes circunstancias: primero, que dicha condena (y no se ha demostrado lo contrario) lo fue por unos hechos aislados y de no de naturaleza grave, hechos que además fueron expresamente reconocidos por el apelante aceptando de conformidad la sentencia dictada en juicio rápido; segundo, que por dichos hechos fue condenado a una pena privativa de libertad de 5 meses y 15 días de prisión, es decir a una pena de prisión inferior al año, que es el límite inferior de la pena privativa de libertad que determina y constituye causa de expulsión según el art. 57.2 de la L.O. 4/2000 reformadas por la L.O. 8/2000 y 14/2003 ; tercero, que no consta que haya habido reincidencia en dichos hechos, sin que la mera detención por un presunto delito de quebrantamiento de condena pueda tenerse en cuenta como dato negativo porque ello vulneraría la presunción de inocencia; cuarto que, por el contrario, cumplida la medida de alejamiento el matrimonio ha vuelto a convivir en el mismo domicilio no constando tampoco que se haya instando la separación matrimonial, como así lo reconoce la parte apelante y no lo niega la parte apelada; quinto, que el solicitante lleva residiendo y trabajando en España durante el tiempo antes reseñado, y que lo continúa haciendo en la actualidad; y sexto, que además el apelante es padre de un niño de corta edad con el que convive y al que atiende junto con su esposa. Todos estos datos que, concurren en el presente supuesto y en la situación y persona del apelante, llevan a la Sala, pese a la existencia del citado antecedente penal, a concluir que en la valoración a realizar en aplicación del art. 31.4 de la L.O. 4/2000 y el art. 54.9 del R.D. 2393/2004 sobre la legítima posibilidad de poder solicitar en tales circunstancias la autorización de residencia permanente, debe concluirse que en tales circunstancias asiste al apelante el derecho a la autorización de residencia permanentesolicitada. Y ello es así porque pese al demérito que implica dicha condena penal, tal demérito se considera contrarrestado de forma bastante por el resto de circunstancias descritas y que a juicio de la Sala le hacen acreedor de la concesión de la autorización de permanente por él solicitada en el expediente administrativo incorporado a los autos.



Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, de fecha 12 de abril de 2010 estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que confirma la resolución administrativa denegatoria de la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena solicitada por el actor al tener antecedentes penales por un delito de maltrato en el ámbito familiar, revocando la misma y reconociendo el derecho del apelante a la renovación solicitada, dado que cuando nos encontramos ante una renovación de este tipo la normativa permite en el caso de existir antecedentes penales valorar dicha condena en función de las circunstancias del supuesto concreto, sopesando si las mismas habilitan para conceder la autorización solicitada, considerando la Sala “....que en el presente caso sí se dan esas circunstancias que aconsejan su concesión, porque pese a ser cierto el citado antecedente penal, también son ciertas y concurren las siguientes circunstancias, como el hecho de haberse obtenido la suspensión de la condena; los hechos por los que fue condenado son aislados y no existe constancia de que se hayan vuelto a repetir; se da convivencia con los tres hijos y la esposa; está empadronado en el municipio donde vive; contribuye al sustento de sus hijos y esposa con el trabajo que realiza, además tampoco puede olvidarse que el apelante es padre de un hijo español motivo suficiente para que no pueda ser expulsado”.

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, de fecha 18 de marzo de 2010 estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la delegación de gobierno, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la subdelegación del gobierno que acordó denegar la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena solicitada por el actor. El TSJ fundamenta la estimación, por la que anula la resolución impugnada, reconociendo el derecho a la concesión de la renovación, basándose en la previsión legal de que la administración debe valorar la posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de un delito y que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena. El TSJ entiende que concurren circunstancias suficientes para dicha valoración, pues consta que el interesado aparece como integrado en España, con ocupación y trabajo efectivo, arraigo económico evidente, y se trata de una única condena cuya pena no excede siquiera del cuarto de los dos años que podría permitir la renovación.