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DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA Y ROBO CON VIOLENCIA DE MENOR ENTIDAD. ABOGADOS PENALISTAS

El robo con violencia es uno de los delitos previsto en nuestro código penal con perores consecuencias en cuanto a las penas previstas, y es que si se emplea violencia en el acto de la sustracción y se causan lesiones la petición fiscal y/o particular incluirá, al margen de la pena por un delito de robo con violencia, una pena por delito o falta por las lesiones causadas.

 

Es decir, que a la pena de entre dos y cinco años prevista para el delito de robo con violencia, fácilmente se le puede añadir otro año de prisión por un delito de lesiones, dependiendo de las lesiones causadas.

 

Sin embargo, el Código Penal prevé, para el caso de un uso de la violencia o intimidación leve, penas menos gravosas. Desgraciadamente los Tribunales son reacios a aplicar este tipo delictivo, salvo en los casos de robo mediante la técnico del “tirón”, motivo por el cual es muy recomendable contar con un abogado experto en derecho penal, que domine este tipo de delitos, ya que es básico, de no conseguir la libre absolución, una condena lo más baja posible a través del reconocimiento de atenuantes o, como en este tipo de delitos, que los hechos sean calificados como de robo de menor entidad.

 

Jurisprudencia robo de menor entidad.

 

RESUMEN: La Sala Segunda del Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casación y casa la sentencia del Tribunal de instancia y dicta una segunda sentencia donde procede a aplicar el apartado 3º del artículo 242 del Código penal que permite imponer la pena inferior en grado a la prevista en el tipo básico del delito de robo con violencia en las personas.Delito de robo con violencia. Definición de tal delito. Concepto de violencia. Abalanzarse sobre la víctima, tirándola al suelo y produciéndola leves lesiones, constituye violencia a los efectos jurídicos-penales. Menor entidad de la violencia. Estudio del apartado tercero del art. 242 del C. Penal. Compatibilidad con la agravante de reincidencia.

 

El delito de robo se define, con carácter genérico, por el empleo de fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o por el empleo de violencia o intimidación. Esta violencia o intimidación definitoria de esta especial modalidad del robo, se configura desde el momento en que el sujeto pasivo se ve atacado en su integridad física o simplemente se siente atenazado y atemorizado por la actitud violenta del sujeto activo, que puede ser o no  acompañada del uso de armas o instrumentos peligrosos. Como dice la Sentencia de esta Sala de 15 de marzo de 2000, la intimidación no exige ni necesita una actuación física sobre el cuerpo de la víctima siendo suficiente con la producción del impacto anímico que sirve para compeler su libertad al hacerle surgir temor sobre su seguridad. Son muchas y muy variadas las formas de conseguir un efecto intimidante sin que para ello sea necesario que el agresor se valga de instrumentos que puedan suponer un peligro añadido para la integridad física de la víctima o simplemente acentúen el efecto psicológico de indefensión y desamparo.

 

La violencia supone el empleo de acometimiento o fuerza física sobre la persona mediante el cual se vence o evita su física oposición o resistencia al apoderamiento perseguido. En la intimidación se amenaza con un mal inmediato que atemoriza a la víctima, quien para evitarlo entrega la cosa. En cualquier caso la relevancia vendrá determinada por su suficiencia o idoneidad instrumental como medio comisivo del apoderamiento. Pero la intimidación puede causarse tanto por amenazas verbales como por un comportamiento violento suficientemente expresivo de la agresividad del sujeto y capaz de infundir temor en la víctima a una agresión mayor (Sentencia de esta Sala de 30 de enero de 1999).

 

En definitiva, el hecho de abalanzarse sobre la víctima, tirándola al suelo, aprovechándose de esta circunstancia para sustraerla dinero y causándole a resultas de tal comportamiento, diversas erosiones que tuvieron que ser tratadas médicamente, revela entidad suficiente de la violencia para ser considerados los hechos como constitutivos de robo. Así lo ha entendido también esta Sala en un caso idéntico en Sentencia de 6 de marzo de 1999, por lo que se desestima, como ya anunciamos, este motivo.

 

El art. 242.3 permite sancionar los robos con violencia o intimidación en las personas con la pena inferior en grado a la prevista en el art. 242.1, en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho.

 

Siguiendo a la Sentencia de esta Sala de 18 de abril de 2000, podemos decir que esta norma constituye una interesante novedad del CP 1995 que viene a permitir unas mejores posibilidades de adaptación de la pena a las circunstancias concretas del caso, una más adecuada proporcionalidad en definitiva, a fin de solucionar aquellos supuestos que, mereciendo la cualificación de robos, y no de hurtos, por existir realmente una violencia o intimidación, sin embargo, por la poca importancia del elemento coaccionador contra la víctima, resultaban con una pena desproporcionada. Como ya ha dicho esta Sala, tales robos con violencias o intimidaciones de orden menor no deberían estar sancionados con la misma pena que los atracos hechos con armas de fuego, por ejemplo.

 

Lograr una mejor adaptación de la pena a las concretas circunstancias del caso es la razón de ser de este precepto, y ello nos conduce a la estimación de este motivo del recurso de casación que estamos examinando.

 

Al respecto hemos de hacer las consideraciones siguientes:

 

En primer lugar, insistir en algo que esta Sala ya ha dicho repetidamente (SS. de 21-11-1997 y 30-4-1998):que esta rebaja de la pena del art. 242.3 viene determinada por la menor antijuridicidad del hecho, no por consideraciones relativas a una culpabilidad disminuida, como claramente se deduce de su propia redacción -entidad de la violencia o intimidación y circunstancias del hecho-, en unos términos que nos conducen al sucesoacaecido en su dimensión objetiva. Pero hemos de añadir aquí que tal dimensión objetiva, referida a la existencia de una menor antijuridicidad, ha de limitarse al hecho en sí mismo considerado. Lo que deducimos de esos mismos términos concretos que utiliza esta norma penal. Entendemos que tal forma de expresarse hace posible la aplicación de este art. 242.3 en los casos en que concurre la circunstancia agravante de reincidencia, 8ª del art. 22.

Asimismo la doctrina de esta Sala, también de forma reiterada, desde la sentencia de 21-11-1997, antes citada, y particularmente desde que así se acordó en una reunión del Pleno de 27-2-1998 (véanse las SS. de 9-3, 30-4 y 23-7, todas de 1998), viene aplicando esta norma de rebaja discrecional de la pena también en los casos en que concurre alguna de las circunstancias de agravación específica previstas en el párrafo 2 del mismo art. 242, después de alguna vacilación inicial, por entenderse que, a veces, hay casos en que aparece desproporcionada la pena también en estos supuestos de uso de armas u otros medios peligrosos. Incluso en tal doctrina jurisprudencial hay referencias en concreto a determinados sucesos en que la intimidación consistió en la mera exhibición (sin agresión) de armas o instrumentos de no acentuada peligrosidad (así también la S. de 5-3-1999).

 

Veamos ahora cuáles son los criterios a seguir para dilucidar si ha de aplicarse o no este art. 242.3.

 

Como ya se ha dicho, la propia norma nos conduce al hecho en su objetividad (no en la culpabilidad) y en sí mismo considerado a través de los siguientes términos:

 

1) Menor entidad de la violencia o intimidación, criterio principal, sin duda alguna, como se deduce de la expresión además que encabeza la referencia al otro criterio, y que, por otro lado, tiene una mayor concreción y hace referencia, de los dos bienes jurídicos protegidos en esta clase de robos (personas y patrimonio), al más relevante de ellos: la libertad e integridad de la persona.

 

Además las restantes circunstancias del hecho, elemento de menor  importancia que el primero, como ya se ha dicho, pero imprescindibles para la aplicación del precepto, de modo que la sola consideración de la entidad de la violencia o intimidación no permite aplicar la rebaja en grado aquí previsto. Hay que examinar las otras circunstancias del hecho, indeterminadas en la propia norma y, por tanto, de muy variada condición:

 

2) El lugar donde se roba.

 

3) Con relación al sujeto activo, habrá de considerar si se trata de una persona o si hubo un grupo de coautores, así como, en su caso, la forma de actuación de ese grupo y si se hallaba más o menos organizado.

 

4) Asimismo podrá considerarse el número de las personas atracadas y su condición en orden a su situación económica o a las mayores o menores posibilidades de defenderse.

 

La experiencia nos dice que de todas estas «restantes circunstancias del hecho», la que con mayor frecuencia se nos presenta para valorar si se aplica o no esta norma jurídica, es el valor de lo substraído, de modo que ha de excluirse esta aplicación cuando tal valor alcanza cierta cuantía que, desde luego, no cabe determinar en una cifra concreta, pues habrá de variar según esas otras circunstancias antes indicadas o cualesquiera otras que pudieran conferir al hecho mayor o menor antijuridicidad.

 

 

Todos estos criterios habrán de tenerse en cuenta conjuntamente, a fin de poder valorar de modo global la gravedad objetiva de lo ocurrido, en sí mismo considerado, para determinar en definitiva si la pena básica a imponer (la del 242.1º o la del 242.2) es proporcionada a esa gravedad o si ha de considerarse más adecuada la rebaja en un grado que prevé el 242.3. No olvidemos que, como antes se ha dicho, la razón de ser del precepto es la de dar al Juzgador unas mejores posibilidades de adaptación de la pena al caso concreto, evitando el que sea forzoso imponer una determinada sanción cuando la menor gravedad del hecho aconseje otra de menor entidad.